Era 30 de noviembre de 1978 y habían transcurrido 5 años desde el inicio de la dictadura cívico-militar chilena liderada por Augusto Pinochet cuando la Vicaría de la Solidaridad, en ese entonces bajo la dirección del sacerdote Cristián Precht, anunció el hallazgo de 15 cadáveres en unos hornos de Lonquén.

Las declaraciones, hechas por un anciano que aseveraba haber encontrado osamentas humanas en las minas abandonadas, dio origen a una comisión encargada de ir durante ese mismo día a Lonquén y verificar dichas afirmaciones, conformada por Enrique Alvear, obispo auxiliar de Santiago; el Vicario Precht; Javier Egaña, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad; Alejandro González, abogado jefe de la misma institución; Máximo Pacheco, abogado; el director de la revista Qué Pasa, Jaime Martínez y el subdirector de la revista Hoy, Abraham Santibáñez.

Al día siguiente y en su regreso a Santiago, los más altos funcionarios de la Vicaría de la Solidaridad, junto a Máximo Pacheco y al obispo Alvear, se dirigieron a la Corte Suprema para presentar la denuncia y pedir una investigación. El presidente de la Corte, Israel Bórquez, encargó a la jueza del crimen de Talagante, Juana Godoy, que confirmara el hallazgo e investigara el caso. Por su parte, el Instituto Médico Legal realizó análisis confirmando que los restos correspondían a los desaparecidos de la comunidad rural de Isla de Maipo.

El 6 de diciembre de 1978 el Pleno de la Corte Suprema designó Ministro en Visita Extraordinaria al Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Adolfo Bañados Cuadra, encargándolo de proseguir la investigación de Lonquén.

Su investigación estableció que los 15 hombres fueron efectivamente detenidos el 7 de octubre de 1973 por carabineros de la Tenencia de Isla de Maipo. Además, pudo determinar la falsedad de las versiones de los funcionarios implicados, quienes declararon que las víctimas murieron en confusos enfrentamientos nocturnos. Al comparecer ante el juez Bañados, el Capitán de Carabineros, Lautaro Eugenio Castro Mendoza, declaró que los hombres fueron llevados a Lonquén después de ser detenidos dado que uno de ellos le informó de la existencia de armas ocultas en las minas. Castro agregó que al llegar a los hornos, fueron atacados repentinamente con armas de fuego desde los cerros, al cual ellos respondieron de la misma forma. Sin embargo, al finalizar el tiroteo, él y sus colegas se dieron cuenta que los 15 detenidos habían muerto, a pesar de que todos los carabineros resultaron totalmente ilesos.

El 4 de abril de 1979 Adolfo Bañados se declaró incompetente y el proceso pasó a la justicia militar. No obstante, el ministro en visita había llegado a importantes conclusiones. Su investigación esclareció que las víctimas no murieron durante un enfrentamiento y que la versión del Capitán Lautaro Castro era «intrínsecamente inverosímil«. «En ninguno de los 15 restos esqueléticos, estudiados por el Instituto Médico Legal, se comprobaron señales de perforaciones, fracturas u otro tipo de vestigios que pudieran relacionarse con proyectiles de arma de fuego impactando un organismo vivo, por lo que la muerte de las quince personas hay que atribuirla a otras causas,» señaló la resolución del Ministro Bañados. De hecho, en la opinión de algunos, no todas las víctimas fueron enterradas muertas en los hornos.

El 2 de julio de 1979, el fiscal militar dictó encargatoria de reo en contra del capitán Lautaro Castro Mendoza y los carabineros Juan Villegas Navarro, Félix Sagredo Aravena, David Coliqueo Fuentealba, José Belmar Sepúlveda, Jacinto Torres González, Manuel Muñoz Rencoret y Justo Romo Peralta, como autores de la muerte de las 15 víctimas de Lonquén. Sin embargo, al mes siguiente -el 16 de agosto- se les aplicó la Ley de Amnistía, por lo que quedaron libres y se sobreseyó la causa. Esta resolución fue confirmada por la Corte Marcial el 22 de octubre del mismo año.

Una vez terminada la investigación, los familiares pidieron que se les entregaran los cuerpos de las víctimas para sepultarlos pero, aunque el Fiscal Militar Gonzalo Salazar ordenó entregar los restos, estos fueron sacados esa noche del Instituto Médico Legal en forma oculta y enterrados en una fosa común, en la denominada operación “Retiro de Televisores”.

En marzo de 1980 los hornos fueron comprados por un particular, dinamitados y cerrados al público. Los años pasaron y fue recién en 2014 cuando la ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Adriana Sottovia, dictó acusación contra siete carabineros en retiro para, dos años después –en septiembre de 2016– ser condenados por su responsabilidad en los delitos de secuestro calificado y secuestro simple, a cargo  de la ministra en visita del caso Hornos de Lonquén, Marianela Cifuentes Alarcón.

El descanso, luego de 32 años

El 18 de febrero de 2010, el Ministro de fuero (s) de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Héctor Solís, dio a conocer la identificación de 13 de los 15 cuerpos cuyos restos fueron encontrados en 1978, permitiendo que finalmente se pudiera realizar la sepultura, siendo el 26 de marzo el retiro de osamentas desde el Servicio Médico Legal. El 27 de marzo se realizó un velatorio público en el Patio Cívico de la Municipalidad de Isla de Maipo y el domingo 28, la sepultación solemne de las víctimas en el Cementerio Parroquial de Isla de Maipo, que incluyó además el paso de las carrozas fúnebres por el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así se finalizaba un lento y doloroso proceso para los familiares de los asesinados en el caso de los Hornos de Lonquén.

Las víctimas, cuyos restos han sido reconocidos son: Sergio Maureira Lillo, 46 años; Rodolfo Antonio Maureira Muñoz, 22 años; Sergio Miguel Maureira Muñoz, 27 años; Segundo Armando Maureira Muñoz, 24 años; José Manuel Maureira Muñoz, 26 años; Carlos Hernández Flores,39 años; Nelson Hernández Flores, 32; Enrique Astudillo Álvarez, 51 años; Omar Astudillo Rojas,  20 años; Ramón Astudillo Rojas, 27 años; Miguel Brant Bustamante, 17 años; Iván Ordóñez Lamas, 17 años; José  Manuel Herrera Villegas, 17 años;

Las víctimas que aún falta por identificar: Manuel Navarro, Óscar Hernández.

Fotografía principal: Fondo Archivos Vicaría de la Solidaridad
Crédito fotografías galería: Juan Carlos Vega.