En una columna para El Mercurio publicada el pasado domingo, La Presidenta del Directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, María Luisa Sepúlveda, reflexionó sobre una nueva conmemoración del golpe de Estado:

«Las políticas de verdad, justicia, reparación y memoria desarrolladas por el Estado desde 1990 no pueden superar la dimensión irreparable que se hace visible con el paso del tiempo, pero sí nos hablan de un primer consenso en términos de políticas públicas sobre lo ocurrido en dictadura, por lo que no deben quedar en el olvido ni ser deslegitimadas.

He trabajado en derechos humanos desde 1974, y desde 1990 muchas veces me han preguntado sobre las condiciones necesarias para una conmemoración del golpe en la que los hechos que nos dividen no sean los que estén presentes. Pregunta ante la que creo no tener respuesta, principalmente porque para las víctimas ha sido un proceso muy lento en términos de verdad y justicia.

La falta de colaboración de los autores de las violaciones de los derechos humanos y el hecho de que sectores sociales traten de minimizarlas, olvidarlas o incluso negarlas, son dificultades para lograr mayores entendimientos como sociedad. Y mientras no se avance en esto no es posible dar un cierre, a no ser que se quiera imponer la impunidad, cuestión ética, política, y socialmente inaceptable.

Pero la posibilidad colectiva y personal de asumir ese pasado entretejido de experiencias personales y políticas complejas implica reconocerlo como un asunto que no es solo privado y propio de las biografías e historias individuales, porque concierne también al ámbito social y público.

La dictadura nos pasó a todos como sociedad, porque el cómo vivimos hoy es resultado de eso que vivimos en el pasado. Y la memoria no es solo pasado, tiene que ver con la construcción de la identidad y el futuro de nuestra sociedad, con qué tipo de democracia queremos, y ese debate le compete a todos los chilenos y chilenas.

En esto último el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos ha aportado su granito de arena. El 2018, el 56 por ciento de personas que lo visitó nació pos dictadura, un claro mensaje acerca de cómo las nuevas generaciones buscan vincularse con ese pasado que también les pertenece. Porque pasen los años que pasen, resulta necesario tomar conciencia de que recordar y reparar lo sucedido es un deber del Estado, un deber indelegable y que lo tendrá por siempre.

Las nuevas generaciones debiesen ser las llamadas a generar una conmemoración en la que se reencuentren diversas memorias y sean capaces de tomar lo que pasó sin olvidar. Y educarlas a partir de un enfoque de derechos resulta clave si queremos construir una ciudadanía cuyo fundamento ético compartido sean los derechos humanos y los valores democráticos. Y en esto Estado debe jugar un rol fundamental».