El 9 de febrero de 1977, el vespertino La Segunda titulaba con la frase: “No hay tales desaparecidos”, refiriéndose al paradero de 13 personas pertenecientes al Partido Comunista, que según la versión oficialista de la dictadura habían partido a Argentina, cuando en realidad habían sido asesinadas y hechas desaparecer por agentes de la DINA. Con posteridad, el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) señalaría que todas las personas mencionadas por el artículo fueron víctimas de desaparición forzada cometida por agentes estatales, en violación de sus derechos humanos.

Según consigna dicho informe, una de las primeras medidas adoptada por la Junta Militar fue obtener el control absoluto de los medios de comunicación. Algunos de ellos fueron clausurados y desarticulados y otros sometidos a censura previa. Si bien algunos medios de prensa se mantuvieron funcionando, la mayoría no cumplió con su deber de difundir información veraz y en forma oportuna.

“Por regla general, los medios de comunicación mantuvieron en el período que nos ocupa una actitud tolerante con las violaciones a los derechos humanos y se abstuvieron de emplear su influencia en procurar evitar que ellas siguieran cometiéndose”. A ello se suman las denuncias de la publicación y difusión de información que no correspondía a la realidad y que respondió a las solicitudes del régimen de facto.